Los EDI provinciales argentinos — qué hizo cada jurisdicción y en qué orden
Lo único que convence a un decisor que ya escuchó demasiadas presentaciones: esto ya funciona en la Argentina, hace años, y se puede ir a ver.
Nota sobre los números. Todos provienen de las publicaciones del corpus, con la fecha de su medición indicada. No fueron verificados de forma independiente contra los sistemas provinciales.
Neuquén — catorce años y el primer ecosistema descentralizado fuera de Estonia
Lo primero que llama la atención es cuándo empieza: 1991, con un decreto que ordena los sistemas informáticos provinciales. En 2003 se complementa con un Plan Maestro de Gobierno Electrónico que ya contemplaba mecanismos de integración.
Sobre esa base, hacia 2007 la provincia adopta y adapta el modelo de Estonia. Hubo adaptación y no copia: el corpus registra que "este modelo tuvo que adaptarse a la cultura e idiosincrasia que impera en la provincia del Neuquén, ya que el contexto geopolítico histórico y social es muy distinto a Estonia". En 2009 se implementó lo que el corpus describe como el primer ecosistema digital descentralizado fuera de Estonia.
La secuencia normativa vale como plantilla, porque muestra acumulación y no un único instrumento fundacional:
| Año | Hito |
|---|---|
| 1991 | Decreto que ordena los sistemas informáticos provinciales |
| 2003 | Plan Maestro de Gobierno Electrónico v3.0 |
| 2008 · 2010 | Dos Directivas de Integrabilidad: ejes del modelo, infraestructura, fases metodológicas y métricas |
| 2009 | Módulo de interoperabilidad emulando las prestaciones de X-Road |
| 2012 | Ley de desburocratización: pedir los datos una sola vez |
| Marzo 2014 | Convenio con IRAM → Referencial IRAM N.º 14 «Requisitos de calidad de las aplicaciones informáticas – Integrabilidad», en dos partes |
| 2014 | Resolución que vuelve obligatorio el referencial en el Poder Ejecutivo, con auditoría de cada nueva incorporación |
| 2017 | Se incorpora X-Road como plataforma |
| 2021 | Ley 3290 crea el EDI neuquino y fija seguridad, confidencialidad, trazabilidad y no repudio |
| 2023 | Decreto reglamentario de la Ley 3290 |
Nótese el orden: trece años de operación antes de la ley.
Alrededor hay un cuerpo normativo que es el que hace posible el resto: firma digital (2008, reglamentada en 2011), gestión del riesgo, historia unificada de salud digital, expediente electrónico y acceso a la información pública.
Los números, en dos mediciones. Hacia 2024: más de 50 convenios de integrabilidad con organizaciones públicas y privadas, 29 fuentes auténticas, más de 200 servicios web y unos 380.000 servicios web por mes. En 2025 la escala ya es otra: el principio de «solo una vez» en más de 300 servicios digitales, con 140 mil consultas diarias, y 74 fuentes auténticas. Más de 100 datasets en el portal de datos abiertos.
La pirámide neuquina funciona como modelo de madurez. La base es conectar a todos los actores de la comunidad. Después: una «Feria de Datos» para compartir datos desde fuentes auténticas pidiéndolos una sola vez · unas «Clínicas de Procesos» donde se cocrean y simplifican procesos entre organismos de manera proactiva · una «Sala de Situación» donde se liberan servicios con interfaz abierta. Esos tres niveles conforman el «Gobierno como Plataforma». Encima, la «Comunidad Inteligente», con gobernanza horizontal y participativa y comunidades de práctica temáticas.
Y un hito que suele desbloquear conversaciones: durante la pandemia el sistema público de salud confió su información al ecosistema y se integraron actores privados de la salud —clínicas, centros de imágenes, obras sociales— sobre la misma infraestructura. El modelo no se queda dentro del Estado.
Chaco — el que arrancó de cero y documentó cómo
Empezó en 2021, motivado explícitamente por la experiencia neuquina compartida en el Consejo Federal de la Función Pública. Interesa porque es el caso más cercano a la situación de la mayoría de las provincias: tenía interoperabilidad parcial vía servicios web, pero no alcanzaba a la totalidad de los sistemas.
Lo primero que hizo no fue tecnológico: creó por disposición un registro de las aplicaciones del poder ejecutivo, con siete alcances — qué hace cada sistema, qué servicios expone, qué información genera y mantiene (para detectar posibles fuentes auténticas), con qué normativa se implementa, quién lo administra, su situación de seguridad, y qué datos son publicables como datos abiertos. Antes de integrar, inventariar.
Venían ya de una plataforma de gobierno digital (2017) que centralizaba el acceso a servicios web y había permitido interoperar con sistemas nacionales; una ley de Simplificación y Modernización de la Administración; y un Consejo de Transformación Digital creado por decreto en 2020 y presidido por el Gobernador.
Las preguntas con las que arrancaron son el mejor resumen del problema: ¿cómo lograr que los sistemas compartan datos sin violar el derecho a la privacidad? ¿cómo capacitar a las personas que los usarán? ¿cómo diseñar los procesos internos del Estado para facilitar la vida a los ciudadanos y no al revés? ¿cómo cumplir con el principio de pedir los datos una sola vez?
Los cuatro criterios del caso piloto
La parte más transferible de todo el corpus. El círculo general definió cuatro criterios para elegir el primer caso de uso:
- Ser un servicio visible y útil a la ciudadanía, para lograr impacto.
- Tener un sistema informático que ya realice parte o la totalidad del proceso, para no demorar la implementación teniendo que digitalizar primero.
- Contar con contraparte técnica en el organismo donde se desarrolle el caso.
- Contar con el apoyo del titular del organismo, para disponer de los recursos.
El caso elegido fue la preinscripción a soluciones habitacionales del instituto de vivienda provincial. Antes, el solicitante completaba un formulario con datos personales, habitacionales, composición del grupo familiar y constancias de haberes. Después, el sistema quedó como consumidor de datos, con siete fuentes auténticas detrás: la plataforma de gobierno digital, el sistema provincial de identificación digital, el registro de la propiedad inmueble, el instituto provincial de discapacidad, el sistema de liquidación de haberes, el sistema de programas sociales y el registro único de beneficiarios del hábitat.
El primer caso real entró en producción en mayo de 2022 — poco más de un año desde el arranque. Y se capacitó a alrededor de cien agentes públicos de varios organismos como parte de la implementación de la gobernanza.
La Pampa — el camino desde las fuentes auténticas
Llegó al mismo lugar por otro camino, y sin haberse propuesto un ecosistema al principio.
Sus sistemas eran monolíticos cliente-servidor en Intranet, cada aplicación aislada, con dispersión e inconsistencia de datos. El punto de partida fue una decisión de datos y no de arquitectura: identificar de manera fidedigna los proveedores originarios y únicos de cada dato. De ahí surgieron un repositorio centralizado, un servicio web de gestión de datos y un Sistema de Usuario Único para la identificación unívoca de usuarios de la administración.
El hito que cambió la escala fue desplegar una plataforma propia de ciberseguridad que habilitó publicar esos servicios en Internet bajo el dominio provincial, abriendo el consumo de las fuentes auténticas tanto a los sistemas del gobierno como a empresas privadas.
Desde 2020 un Plan Estratégico de Modernización aprobado por decreto ordena el trabajo, con siete principios rectores: administración proactiva, principio de única vez, accesibilidad e inclusión, optimización y simplificación, innovación, transversalidad y coordinación institucional, y confidencialidad de la información. En identidad implementaron un proveedor propio con OAuth2 sobre contenedores, integrado con la plataforma nacional de autenticación.
Mendoza — el que aprovechó el capital acumulado
El contraste útil con Neuquén: muestra qué pasa cuando una provincia no tiene que descubrir el camino.
Participa desde 2020 en el proyecto federal y desde 2021 impulsa la formalización de su ecosistema, inspirado en el modelo neuquino. El corpus lo dice sin rodeos: Mendoza "toma el camino de aprendizaje transitado por Neuquén y logra un despliegue más acelerado y estandarizado, a partir de ese capital innovador acumulado".
Su instrumento legal llegó en 2025: la Ley 9625, que crea el Sistema de Administración Pública Digital y establece el EDI mendocino, apoyada en una ley previa de Programa para la Transformación Digital (2023) y en la de acceso a la información pública (2018). En lo técnico, plataformas interoperables interconectadas mediante X-Road, con repositorios semánticos y bases normalizadas. Adoptó la IRAM 17610-1 como guía metodológica y desarrolló un manual propio.
Sus casos muestran el rango de lo posible: declaraciones juradas, trámites para productores, inscripción a programas sociales y creación de Sociedades Anónimas Simplificadas. En 2024 integró la gestión documental electrónica y sumó los primeros municipios vía API. Gobernanza mixta —técnica y funcional—, con talleres transversales por niveles jerárquicos, capacitaciones coorganizadas con universidades y revisión semestral del modelo.
La Nación — la otra mitad de la ecuación federal
Sin el Estado nacional el mapa no cierra.
La digitalización de la Administración Pública Nacional arrancó relevando procesos, fuentes auténticas y herramientas de firma digital. De ahí nacieron la gestión documental electrónica, las plataformas de firma digital con dispositivo criptográfico y remota, la autenticación central y los trámites a distancia.
En 2018 se implementó la plataforma de Módulos de Servicios Interoperables —INTEROPERAR—, de uso obligatorio para todos los organismos de la APN. Es modular y despliega un nodo por organismo, conformando una red descentralizada con cifrado de la información transmitida, trazabilidad y registros de auditoría.
En lo institucional: un Cuerpo Asesor para políticas de interoperabilidad creado en 2021, y el marco del Programa Federal de Transformación Pública Digital aprobado en 2022.
Los números: 17 nodos, 243 servicios compartidos y 167 sistemas informáticos integrados. Y una consecuencia federal en desarrollo: que las provincias que interoperan con la red nacional puedan usar sus certificados de seguridad y firma emitidos por la PKI Nacional, con reconocimiento en las demás provincias y en otros países.
El patrón que se repite
Cinco casos, cinco caminos, un patrón común:
- Todos empezaron por los datos, no por la plataforma. Chaco con su registro de aplicaciones, La Pampa identificando los proveedores originarios, Neuquén con su Feria de Datos.
- Todos tuvieron un instrumento legal propio, y ninguno esperó una ley nacional. Ley en Neuquén, Catamarca y Mendoza; decreto en Chaco y CABA.
- En todos, la práctica precedió a la norma consolidadora.
- Todos invirtieron en capacitación como parte de la implementación, no como anexo.
- Todos necesitaron compromiso político de nivel superior. El corpus es explícito en que es fundamental contar con programas orgánicos revestidos de fuerza regulatoria y con alineamiento desde los niveles más altos de gestión.
- El primer caso de uso se eligió, no se sorteó.
Fuentes. Bazán et al. (2024), «Los ecosistemas digitales de integrabilidad y su normalización como medio para favorecer la innovación tecnológica. Casos en Argentina», EJS 23(2), pp. 244-268 — casos de Neuquén, Chaco, La Pampa y la APN; los cuatro criterios del caso piloto; las siete fuentes auténticas del caso de vivienda; los números de INTEROPERAR · Giorgetti, Moreno y Ugalde (2025), Revista del CLAD N.º 93, pp. 96-129 — evaluación de Neuquén y Mendoza con la metodología de Naser; los números de 2025; la Ley 9625 · Moreno y González Brown (2022), CUINAP N.º 106 — el proceso federal en el CoFeFuP.